Las cajas de ahorros y las cajas rurales extremeñas se han sumado ya al Código de Buenas Prácticas establecido por el Gobierno para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
Según la resolución del Ministerio de Economía y Competitividad publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, Caja Badajoz (como parte de Banco Grupo Cajatres), Caja Extremadura (integranda en Liberbank), Caja Rural de Extremadura y Caja Rural de Almendralejo han comunicado a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera su adhesión voluntaria a este mecanismo que pretende dar facilidades a quienes tienen problemas para pagar la hipoteca de su vivienda.
En el grupo de las 89 entidades financieras que han suscrito el Código está también otra caja con importante presencia en la región, Caja Duero (a través de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria), así como los bancos españoles de mayor peso, como BBVA, Banco Santander, Banesto o Banco Popular. En general, están casi todas las entidades financieras que operan en Extremadura, a excepción de la extremeña Banca Pueyo y el portugués Banco Caixa General (que absorbió al antiguo Banco de Extremadura), aunque tienen la posibilidad de incorporarse más adelante.
El Código de Buenas Prácticas pretende beneficiar a aquellas familias con hipoteca sobre su vivienda habitual que estén dentro del llamado "umbral de exclusión". En concreto, serán aquellas en las que todos sus miembros carezcan de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas y de cualquier otro patrimonio distinto a su vivienda habitual. Además, la cuota de la hipoteca deberá ser superior al 60% de los ingresos netos que perciba la unidad familiar y el valor total de la misma no superará los 150.000 euros, en el caso de Badajoz capital, o los 120.000 euros en las demás localidades extremeñas.
Quienes se encuentren dentro de ese "umbral de exclusión" podrán solicitar a su entidad financiera un plan de reestructuración que consiste en un plazo de carencia de cuatro años, durante el cual sólo se pagará un interés del Euribor + 0,25%, y una ampliación del plazo de amortización hasta un total de 40 años. Cuando esta opción no sea viable, la entidad podrá ofrecer una quita parcial del capital pendiente de amortización. En última instancia, el deudor podrá solicitar al banco que acepte la dación en pago, con cancelación definitiva de la deuda, y la posibilidad de permanecer en la vivienda en régimen de alquiler por un plazo de dos años a cambio de una renta.
También se establece que, en todos los contratos hipotecarios en los que el deudor se encuentre en el umbral de exclusión, los intereses moratorios aplicables desde que el deudor acredita su situación serán, como máximo, el resultado de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2,5% sobre el capital pendiente.
Las entidades que se han sumado al Código tienen la obligación de cumplir estas directrices durante al menos dos años, plazo que luego se irá prorrogando automáticamente con carácter anual, salvo renuncia de la entidad.
jueves, 12 de abril de 2012
domingo, 8 de abril de 2012
PGE 2012: certezas, dudas e incumplimientos
El recién presentado proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 ha supuesto para Extremadura un nuevo jarro de agua fría (otro más que sumar a los recibidos en las últimas semanas). El Estado prevé invertir este año en la región un total de 368,79 millones de euros, lo que supone un 30,4% menos (161 millones) que en 2011, un recorte superior al 24,2% de la media nacional.
Hasta el propio Gobierno regional ha reconocido que tenía "expectativas muy superiores a lo que se nos ha dotado" en el capítulo de infraestructuras. Ciertamente, el Ejecutivo de José Antonio Monago esperaba que, a pesar de los recortes justificados por la austeridad, los primeros PGE firmados por Mariano Rajoy premiaran con dinero el éxito electoral que el PP extremeño obtuvo en mayo del año pasado. Pero a la vista de lo incluido en el proyecto, parece bastante claro que Rajoy no se casa con nadie, puesto que Extremadura forma parte del grupo de las regiones más castigadas, en contraposición a Galicia, la tierra natal del presidente del Gobierno, que ve aumentar sus inversiones casi un 10%. La Junta dice que "no renuncia" a la posibilidad de conseguir mejoras en las inversiones a través de enmiendas parciales, pero sabe que es un objetivo difícil porque las cuentas dan poco margen para los cambios, y menos si son muy sustanciales. En época de vacas gordas, Extremadura llegó a conseguir un aumento de unos 50 millones de euros gracias al trámite parlamentario de los Presupuestos, pero ese volumen se antoja hoy imposible en unas cuentas en cuya elaboración se ha mirado con lupa todos y cada uno de los proyectos de gasto.
El análisis global de las cifras de inversión regional de los PGE 2012 nos deja unas cuantas certezas:
- Positivas:
Si se da por buena la interpretación del Ejecutivo extremeño, esta aclaración pondría en evidencia un flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía. Según su disposición adicional segunda, "con objeto de acelerar el proceso de convergencia de la región con el conjunto nacional, el Estado realizará, cada año y por un período de siete, inversiones complementarias como mínimo equivalentes al uno por ciento del producto interior bruto regional". Pero el Gobierno ha decidido saltarse este año todas las exigencias sobre inversiones establecidas en varios estatutos autonómicos reformados en los últimos años, entre ellos el extremeño, y ha evitado cumplir los porcentajes mínimos de inversión señalados en cada caso. Al contrario de lo que venía ocurriendo con los PGE anteriores, esta vez no se dice en ningún sitio que se hayan fijado inversiones adicionales para dar cumplimiento a la disposición estatutaria. Si pensáramos que los 20 millones de euros antes mencionados corresponden a este concepto, sería una cuantía irrisoria, pues la cláusula estatutaria exige unas inversiones adicionales del entorno de los 180 millones de euros.
No obstante, y llegados a este punto, habría que preguntar a los diputados y senadores que retocaron y aprobaron el texto definitivo de la reforma del Estatuto extremeño qué es eso de "inversiones complementarias como mínimo equivalentes al uno por ciento del producto interior bruto regional". ¿Complementarias a qué? ¿Cuál es la referencia que hay que tomar para añadir el 1% del PIB o para saber si se está cumpliendo lo establecido?
De todas formas, todas estas cifras no son más que, como su propio nombre indican, presupuestos del Estado, que luego habrá que ir viendo si se ejecutan realmente. Muchos proyectos de inversión se retrasan, pero también se llevan a cabo otros nuevos que pueden compensar las previsiones. Dentro de no mucho tiempo, el Estado publicará los datos de ejecución de las inversiones reales correspondientes al ejercicio 2011. Comprobaremos entonces qué tal le fue a la región con las inversiones estatales del año pasado.
P.D.: Se me olvidaba señalar, al respecto del AVE, que no habrá línea de alta velocidad, como poco, hasta 2016, y no sólo porque la programación plurianual alargue la previsión hasta esa fecha. La inversión prevista para el AVE este año en Castilla-La Mancha sólo llega para finalizar la redacción de los proyectos de obra. Es decir, 2012 acabará sin que se haya producido ni un solo movimiento de tierras para la vía en la provincia de Toledo y en cuatro años (de enero de 2013 a diciembre de 2016) es imposible que se construya la infraestructura completa (plataforma, vía y electrificación), más aún cuando el paso por Talavera de la Reina es subterráneo. De poco sirve entonces que la construcción del AVE en Extremadura vaya más rápida, porque al tramo toledano le quedan muchos años por delante. A menos, claro, que aprovechemos la espera para poner unas lanzaderas que nos permitan ir de Navalmoral o Plasencia a Badajoz en poco más de una hora para darnos un paseo por El Corte Inglés o Leroy Merlin.
Hasta el propio Gobierno regional ha reconocido que tenía "expectativas muy superiores a lo que se nos ha dotado" en el capítulo de infraestructuras. Ciertamente, el Ejecutivo de José Antonio Monago esperaba que, a pesar de los recortes justificados por la austeridad, los primeros PGE firmados por Mariano Rajoy premiaran con dinero el éxito electoral que el PP extremeño obtuvo en mayo del año pasado. Pero a la vista de lo incluido en el proyecto, parece bastante claro que Rajoy no se casa con nadie, puesto que Extremadura forma parte del grupo de las regiones más castigadas, en contraposición a Galicia, la tierra natal del presidente del Gobierno, que ve aumentar sus inversiones casi un 10%. La Junta dice que "no renuncia" a la posibilidad de conseguir mejoras en las inversiones a través de enmiendas parciales, pero sabe que es un objetivo difícil porque las cuentas dan poco margen para los cambios, y menos si son muy sustanciales. En época de vacas gordas, Extremadura llegó a conseguir un aumento de unos 50 millones de euros gracias al trámite parlamentario de los Presupuestos, pero ese volumen se antoja hoy imposible en unas cuentas en cuya elaboración se ha mirado con lupa todos y cada uno de los proyectos de gasto.
El análisis global de las cifras de inversión regional de los PGE 2012 nos deja unas cuantas certezas:
- Positivas:
- La inversión en Extremadura será de 332 euros por habitante, frente a los 269 euros de la media.
- El peso de la inversión en Extremadura, el 2,9% del total, está por encima del peso de la región en población (2,35%) y PIB (1,63%).
- Extremadura recibía en 2011 un 34,6% más que la media, pero en 2012 baja a un 23,4% más.
- La región baja del cuarto al sexto puesto en la clasificación de comunidades con mayor inversión por habitante.
- La inversión en el AVE cae con fuerza y su finalización se retrasa, por lo menos, hasta 2016.
- No se afrontan nuevos proyectos de inversión y los que siguen se alargan en el tiempo.
Si se da por buena la interpretación del Ejecutivo extremeño, esta aclaración pondría en evidencia un flagrante incumplimiento del Estatuto de Autonomía. Según su disposición adicional segunda, "con objeto de acelerar el proceso de convergencia de la región con el conjunto nacional, el Estado realizará, cada año y por un período de siete, inversiones complementarias como mínimo equivalentes al uno por ciento del producto interior bruto regional". Pero el Gobierno ha decidido saltarse este año todas las exigencias sobre inversiones establecidas en varios estatutos autonómicos reformados en los últimos años, entre ellos el extremeño, y ha evitado cumplir los porcentajes mínimos de inversión señalados en cada caso. Al contrario de lo que venía ocurriendo con los PGE anteriores, esta vez no se dice en ningún sitio que se hayan fijado inversiones adicionales para dar cumplimiento a la disposición estatutaria. Si pensáramos que los 20 millones de euros antes mencionados corresponden a este concepto, sería una cuantía irrisoria, pues la cláusula estatutaria exige unas inversiones adicionales del entorno de los 180 millones de euros.
No obstante, y llegados a este punto, habría que preguntar a los diputados y senadores que retocaron y aprobaron el texto definitivo de la reforma del Estatuto extremeño qué es eso de "inversiones complementarias como mínimo equivalentes al uno por ciento del producto interior bruto regional". ¿Complementarias a qué? ¿Cuál es la referencia que hay que tomar para añadir el 1% del PIB o para saber si se está cumpliendo lo establecido?
De todas formas, todas estas cifras no son más que, como su propio nombre indican, presupuestos del Estado, que luego habrá que ir viendo si se ejecutan realmente. Muchos proyectos de inversión se retrasan, pero también se llevan a cabo otros nuevos que pueden compensar las previsiones. Dentro de no mucho tiempo, el Estado publicará los datos de ejecución de las inversiones reales correspondientes al ejercicio 2011. Comprobaremos entonces qué tal le fue a la región con las inversiones estatales del año pasado.
P.D.: Se me olvidaba señalar, al respecto del AVE, que no habrá línea de alta velocidad, como poco, hasta 2016, y no sólo porque la programación plurianual alargue la previsión hasta esa fecha. La inversión prevista para el AVE este año en Castilla-La Mancha sólo llega para finalizar la redacción de los proyectos de obra. Es decir, 2012 acabará sin que se haya producido ni un solo movimiento de tierras para la vía en la provincia de Toledo y en cuatro años (de enero de 2013 a diciembre de 2016) es imposible que se construya la infraestructura completa (plataforma, vía y electrificación), más aún cuando el paso por Talavera de la Reina es subterráneo. De poco sirve entonces que la construcción del AVE en Extremadura vaya más rápida, porque al tramo toledano le quedan muchos años por delante. A menos, claro, que aprovechemos la espera para poner unas lanzaderas que nos permitan ir de Navalmoral o Plasencia a Badajoz en poco más de una hora para darnos un paseo por El Corte Inglés o Leroy Merlin.
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